TL;DR La Ley 2/2023, de 20 de febrero obliga a tener un canal de denuncias, que la ley llama «Sistema interno de información», a las empresas privadas con 50 o más trabajadores contratados (artículo 10.1.a), a las personas jurídicas de ciertos sectores regulados aunque tengan menos plantilla (10.1.b), a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones si reciben o gestionan fondos públicos (10.1.c) y a todo el sector público (artículo 13). Los plazos para implantarlo vencieron el 13 de junio de 2023 y el 1 de diciembre de 2023. No tenerlo, cuando el incumplimiento es doloso, es infracción muy grave, con multas de 600.001 a 1.000.000 € para una persona jurídica (artículos 63.1.g y 65.1.b). Un buzón de correo no basta: hace falta un responsable, una política, un procedimiento y un libro-registro.
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¿Qué es el canal de denuncias de la Ley 2/2023?
La ley habla de un Sistema interno de información (artículo 5), dentro del cual está el canal por el que se recibe la información (artículo 7). El sistema incluye además al responsable, la política, el procedimiento y las garantías.
La norma transpone la Directiva (UE) 2019/1937 y protege a quienes informan de infracciones del Derecho de la Unión o de acciones u omisiones que puedan ser infracción penal o administrativa grave o muy grave (artículo 2). Se publicó en el BOE el 21 de febrero de 2023 y entró en vigor el 13 de marzo de 2023, a los veinte días de su publicación (disposición final duodécima; la fecha figura en la ficha del BOE).
¿Me obliga? Los criterios de los artículos 10 y 13
Con un sí en cualquier fila, estás obligado.
| Si tu entidad es... | Obligación | Artículo |
|---|---|---|
| Persona física o jurídica del sector privado con cincuenta o más trabajadores contratados | Sí, por plantilla | 10.1.a |
| Persona jurídica privada de los sectores de servicios financieros, prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte o medio ambiente (partes I.B y II del anexo de la Directiva 2019/1937) | Sí, sea cual sea el número de trabajadores | 10.1.b |
| Partido político, sindicato, organización empresarial o fundación creada por ellos, si recibe o gestiona fondos públicos | Sí, sea cual sea la plantilla | 10.1.c |
| Entidad del sector público (Administraciones, organismos vinculados, universidades públicas y otras que enumera el artículo) | Sí, todas | 13.1 |
- Plantilla. La ley no fija un método de cómputo: el artículo 10.1.a solo habla de «trabajadores contratados». La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), en su Recomendación 1/2026, propone como criterio orientativo el del artículo 3 del Real Decreto 901/2020, de planes de igualdad. Cuenta la plantilla total, con cualquier tipo de contrato; cada contrato a tiempo parcial vale una persona; se suman los temporales extinguidos en los seis meses anteriores (cada cien días trabajados o fracción, una persona más); y el cómputo se hace, al menos, el último día de junio y de diciembre. Si tu plantilla ronda los 50, aplícalo y deja constancia por escrito.
- Sectores regulados. La letra b) alcanza también a entidades sin domicilio en España que operen aquí con sucursales, agentes o prestación de servicios, y la Ley 2/2023 se aplica en lo que su normativa específica no regule.
- Voluntario. Las personas jurídicas privadas no obligadas pueden establecer su propio sistema, con los mismos requisitos de la ley (artículo 10.2).
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Plazos: por qué ya estás fuera de tiempo si estabas obligado
La disposición transitoria segunda dio tres meses desde la entrada en vigor, es decir, hasta el 13 de junio de 2023 (cálculo a partir del 13 de marzo). Las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos y los municipios de menos de 10.000 habitantes tuvieron hasta el 1 de diciembre de 2023.
Hoy ambos plazos están cerrados, así que quien estaba obligado y no tiene sistema incumple la ley desde entonces. Si tenías un canal anterior, por ejemplo el de un programa de cumplimiento penal, la disposición transitoria primera permite usarlo si se ajusta a los requisitos de la ley.
Requisitos del sistema interno de información
El órgano de administración o de gobierno implanta el sistema, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, y es el responsable del tratamiento de los datos personales (artículo 5.1). El sistema debe:
- Permitir comunicar las infracciones del artículo 2, por escrito o verbalmente, e integrar los canales internos de la entidad.
- Garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de terceros, y la protección de datos.
- Ser independiente de los sistemas de otras entidades, sin perjuicio de los artículos 12 y 14.
- Contar con un responsable del sistema (artículo 8), una política publicitada dentro de la entidad y un procedimiento de gestión de las informaciones.
Sobre el canal (artículo 7): puede ser escrito (correo postal o medio electrónico habilitado) o verbal (teléfono o mensajería de voz). Si el informante lo pide, hay reunión presencial dentro de siete días. Las comunicaciones verbales se documentan, con su consentimiento, por grabación o transcripción; la transcripción puede comprobarla, rectificarla y firmarla. El canal debe permitir también las comunicaciones anónimas (7.3) e informar de los canales externos.
Si la entidad tiene página web, la información sobre el uso del canal y los principios del procedimiento debe constar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable (artículo 25).
El responsable del sistema
El órgano de administración o de gobierno designa y cesa al Responsable del Sistema (artículo 8.1). Puede ser una persona física o un órgano colegiado; en ese caso, el órgano delega en uno de sus miembros la gestión del sistema y la tramitación de las investigaciones (8.2).
- Notificación. Nombramiento y cese se notifican a la AIPI o a la autoridad autonómica en diez días hábiles; el cese, con sus razones (8.3). Para los nombrados desde marzo de 2023, el Real Decreto 1101/2024 (disposición transitoria única, apartado 4) dio dos meses. La AIPI los contó desde que abrió el trámite en su sede: del 10 de febrero al 10 de abril de 2026. Ya ha vencido.
- Independencia. Actúa de forma autónoma, sin recibir instrucciones y con los medios necesarios (8.4).
- Perfil. En el sector privado será un directivo independiente del órgano de administración. Si la entidad es pequeña, puede compaginar el puesto con otras funciones, evitando conflictos de interés (8.5).
- Compliance existente. Un responsable de cumplimiento ya existente puede asumirlo si cumple los requisitos (8.6).
La autoridad estatal ya funciona. La Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto, fijó el 1 de septiembre de 2025 como fecha de su puesta en funcionamiento. En su web, proteccioninformante.gob.es, se identifica como AIPI y tiene un apartado para la notificación del nombramiento o cese del responsable.
Plazos de gestión de cada comunicación
El órgano de administración aprueba el procedimiento y el Responsable del Sistema responde de su tramitación (artículo 9.1).
| Fase | Plazo o regla | Artículo |
|---|---|---|
| Acuse de recibo al informante | 7 días naturales desde la recepción, salvo que ponga en peligro la confidencialidad | 9.2.c |
| Respuesta a las actuaciones de investigación | Máximo 3 meses desde la recepción (o desde el vencimiento de los 7 días si no hubo acuse), ampliable otros 3 en casos de especial complejidad | 9.2.d |
| Hechos con indicios de delito | Remisión inmediata al Ministerio Fiscal (a la Fiscalía Europea si afecta a intereses financieros de la UE) | 9.2.j |
El procedimiento prevé también el derecho de la persona afectada a ser oída (9.2.f), la presunción de inocencia (9.2.h) y la remisión inmediata al Responsable del Sistema de lo recibido por un cauce no previsto (9.2.g).
El libro-registro
Todos los obligados llevan un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones que generaron (artículo 26.1). No es público: solo se accede con auto judicial. Los datos personales se conservan el tiempo necesario y proporcionado, y nunca más de diez años (26.2).
Protección de datos en el canal
Los tratamientos se rigen por el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018, la Ley Orgánica 7/2021 cuando haya datos de infracciones penales y el título VI de la Ley 2/2023 (artículos 29 a 34). El acceso queda limitado al Responsable del Sistema y a quien lo gestione, a recursos humanos solo si puede proceder una medida disciplinaria, al responsable de los servicios jurídicos si procede adoptar medidas legales, a los encargados del tratamiento y al delegado de protección de datos (32.1). Los datos de categorías especiales se suprimen de inmediato (32.2). La persona denunciada nunca recibe la identidad del informante (31.2). Sobre el delegado de protección de datos: cuánto cuesta un DPO externo.
Gestión propia o por un tercero externo
El artículo 6 permite gestionar el sistema dentro de la entidad o acudir a un tercero externo. En la ley, gestionar significa recibir las informaciones. El tercero debe ofrecer garantías de independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de las comunicaciones, y es encargado del tratamiento (contrato del artículo 28.3 del RGPD). No puede suponer un menoscabo de las garantías de la ley ni trasladar la responsabilidad del sistema a una persona distinta del Responsable del Sistema (6.3). En la Administración General del Estado, las autonómicas y la local, solo cabe si se acredita insuficiencia de medios propios y se limita a la recepción (artículo 15).
En la ley, el «canal externo» es el de la AIPI y las autoridades autonómicas (título III), no el proveedor que contratas.
- Grupos de sociedades (artículo 11). La dominante aprueba una política general y tanto el sistema como el Responsable del Sistema pueden ser únicos para todo el grupo. El artículo 11 no dice qué sociedades están obligadas: según la Recomendación 1/2026 de la AIPI, cada sociedad comprueba por sí misma si cumple el artículo 10.
- Medios compartidos (artículo 12). Las personas jurídicas privadas con entre 50 y 249 trabajadores pueden compartir el sistema y los recursos de gestión.
Errores frecuentes
- No admitir comunicaciones anónimas. El artículo 7.3 las exige.
- Nombrar un responsable y no notificarlo. El plazo es de diez días hábiles desde el nombramiento (artículo 8.3).
- No informar ni formar al personal. La política debe publicitarse dentro de la entidad (artículo 5.2.h) y quien pueda recibir una comunicación por un cauce no previsto debe estar formado y advertido de que romper la confidencialidad es infracción muy grave (9.2.g).
- No publicarlo en la web. Debe estar en la página de inicio, en una sección separada y fácil de identificar (artículo 25).
Protección frente a represalias
La ley prohíbe las represalias contra quien informa, incluidas las amenazas y las tentativas (artículo 36.1). El artículo 36.3 da una lista abierta: despido, no renovación de un contrato temporal, degradación, evaluaciones negativas, listas negras, denegación de formación o discriminación, entre otras. Si el informante demuestra razonablemente que informó y que sufrió un perjuicio, se presume que fue una represalia y es quien tomó la medida quien tiene que probar que respondía a motivos justificados no vinculados a la comunicación (artículo 38.4). Adoptar una represalia es infracción muy grave (artículo 63.1.b).
La protección exige motivos razonables para pensar que la información era veraz (artículo 35.1.a) y no cubre, entre otros casos, los conflictos interpersonales ni los meros rumores (35.2).
Sanciones
No disponer de un sistema interno de información conforme a la ley es infracción muy grave (artículo 63.1.g). El artículo 63.1 encabeza las muy graves con la expresión «acciones u omisiones dolosas». Las multas del artículo 65.1:
| Gravedad | Persona física | Persona jurídica |
|---|---|---|
| Leve | 1.001 a 10.000 € | hasta 100.000 € |
| Grave | 10.001 a 30.000 € | 100.001 a 600.000 € |
| Muy grave | 30.001 a 300.000 € | 600.001 a 1.000.000 € |
En las muy graves, la AIPI puede además acordar amonestación pública, prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales hasta cuatro años y prohibición de contratar con el sector público hasta tres años (artículo 65.2). Las multas muy graves de 600.001 € o más a personas jurídicas pueden publicarse en el BOE una vez firmes en vía administrativa (65.3). Las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses (artículo 64.1).
ISO 37002: la guía voluntaria de gestión de denuncias
ISO 37002:2021 («Whistleblowing management systems — Guidelines») es una guía para establecer y mantener un sistema de gestión de denuncias basado en la confianza, la imparcialidad y la protección, en cuatro pasos: recibir, evaluar, tratar y cerrar los casos. Sirve a organizaciones de cualquier tipo y tamaño (apartado 1, según su vista previa pública).
Seguir ISO 37002 es voluntario: ayuda a diseñar el procedimiento, pero no sustituye a la ley ni garantiza cumplirla. Su ficha está en iso.org.
Preguntas frecuentes
¿Una empresa privada con menos de 50 trabajadores puede estar obligada?
Sí, en dos casos: si es una persona jurídica de los sectores del artículo 10.1.b (servicios financieros, prevención del blanqueo, seguridad del transporte o medio ambiente), o si es un partido, sindicato, organización empresarial o fundación suya que recibe o gestiona fondos públicos (10.1.c). Un autónomo de esos sectores solo está obligado con 50 o más trabajadores. En los demás casos, el sistema es voluntario (10.2).
¿Sirve un correo electrónico como canal de denuncias?
Puede ser el soporte del canal escrito (artículo 7.2), pero solo cumple si está integrado en un sistema con responsable, política, procedimiento, garantías y libro-registro (artículos 5, 9 y 26). La AIPI recomienda además una plataforma segura y cifrada que impida identificar al informante (Recomendación 1/2026).
¿Se puede externalizar la gestión del canal?
Sí, a un tercero con garantías de independencia, confidencialidad y protección de datos. Actúa como encargado del tratamiento y la responsabilidad sigue en el Responsable del Sistema (artículo 6).
¿A quién se notifica el Responsable del Sistema?
A la AIPI o a la autoridad autonómica competente, en los diez días hábiles siguientes (artículo 8.3). Según la AIPI, notifican a ella las entidades privadas obligadas con establecimientos en más de una comunidad autónoma y las de una sola comunidad que no tenga autoridad autonómica competente.
¿Por dónde empiezo?
Primero comprueba si estás obligado con la herramienta del canal de denuncias. Si lo estás, o dudas sobre tu plantilla, tu sector o un canal que ya existe, reserva una consulta y revisamos qué piezas te faltan. Para situarlo entre tus demás obligaciones, empieza por la guía de normativa de ciberseguridad y cumplimiento para pymes.
Fuentes
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, texto consolidado (BOE-A-2023-4513): artículos 2, 3, 5 a 15, 25, 26, 29 a 38, 63 a 65 y disposiciones transitorias.
- Real Decreto 1101/2024, Estatuto de la A.A.I. (BOE-A-2024-22298): disposición transitoria única.
- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, planes de igualdad (BOE-A-2020-12214): artículo 3.
- Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto, puesta en funcionamiento de la A.A.I. (BOE-A-2025-16764).
- Directiva (UE) 2019/1937, EUR-Lex.
- AIPI: Recomendación 1/2026 sobre el Sistema Interno de Información.
- AIPI: Guía 1/2026 y preguntas frecuentes sobre el Responsable del Sistema.
- ISO 37002:2021, Whistleblowing management systems, ficha en iso.org.
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