DPO en las administraciones públicas: cuándo es obligatorio y cómo se designa
En resumen
- Toda autoridad u organismo público debe designar un delegado de protección de datos (DPO). Lo dice el artículo 37.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, con una sola excepción: los tribunales cuando actúan en ejercicio de su función judicial.
- No hace falta que haya datos sensibles ni tratamientos a gran escala. Esos requisitos son de los letras b) y c) y no se aplican a un organismo público.
- Varios organismos pueden compartir un único DPO, teniendo en cuenta su estructura y tamaño (artículo 37.3).
- El DPO puede ser personal de la entidad o actuar en el marco de un contrato de servicios (artículo 37.6).
- El nombramiento, las designaciones, nombramientos y ceses se comunican a la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad autonómica en un plazo de diez días (artículo 34.3 de la Ley Orgánica 3/2018).
¿Es obligatorio tener un DPO en una administración pública?
Sí. El artículo 37.1.a) del Reglamento general de protección de datos obliga a designar un delegado de protección de datos siempre que el tratamiento lo lleve a cabo «una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial». Es la primera de las tres causas del apartado 1 y la única que no depende de lo que haga la entidad con los datos: basta con ser un organismo público.
Por eso un ayuntamiento pequeño, una mancomunidad o un consorcio están obligados igual que un ministerio, aunque traten pocos datos. La obligación se mide por la naturaleza de la entidad, no por su tamaño.
¿Qué se considera «autoridad u organismo público»?
El Reglamento no define el concepto y lo deja al Derecho de cada Estado. El Grupo de Trabajo del Artículo 29, en sus Directrices sobre los delegados de protección de datos (WP 243), adoptadas el 13 de diciembre de 2016, explica que incluye las autoridades nacionales, regionales y locales, y que según las leyes nacionales suele abarcar también otros organismos regidos por el derecho público. En esos casos la designación es obligatoria.
En España, la Ley Orgánica 3/2018 no repite la lista de obligados del Reglamento para el sector público, pero su artículo 77 enumera las categorías de responsables a las que aplica un régimen propio de infracciones. Esa lista orienta sobre quién se trata como sector público a efectos de protección de datos:
- La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades de la Administración Local.
- Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las administraciones.
- Las autoridades administrativas independientes y el Banco de España.
- Las corporaciones de derecho público, cuando el tratamiento se relacione con potestades públicas.
- Las fundaciones del sector público, las universidades públicas y los consorcios.
- Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y sus análogos autonómicos, los órganos jurisdiccionales, los grupos parlamentarios de las Cortes y de las asambleas autonómicas y los grupos políticos de las corporaciones locales.
El artículo 77 no es la fuente de la obligación de designar DPO, que sigue estando en el artículo 37 del Reglamento. Si tu entidad está en una zona gris, la pregunta se resuelve con su norma de creación y su naturaleza jurídica, no con esta lista.
¿Y las empresas privadas que prestan servicios públicos?
Las directrices WP 243 distinguen este caso. Una función pública puede ejercerse también por personas físicas o jurídicas de derecho privado en sectores como el transporte público, el suministro de agua y energía, la vivienda pública o los órganos disciplinarios de profesiones reguladas, según la regulación de cada país. Para ellas el Grupo de Trabajo dice que no hay obligación por esa vía, pero recomienda como buena práctica designar un DPO y que cubra también los tratamientos ajenos a la función pública, como la base de datos de empleados.
Si una empresa que contrata con la Administración quiere saber si le obliga el artículo 37 por otros motivos, la guía sobre cuándo es obligatorio el DPO repasa los supuestos del sector privado y los del artículo 34 de la ley orgánica.
¿Puede un solo DPO atender a varios organismos?
Sí. El artículo 37.3 permite designar «un único delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño». Es la solución habitual cuando varios ayuntamientos pequeños comparten servicios o cuando un organismo matriz y sus entidades dependientes quieren una sola figura.
Compartir DPO no quita responsabilidad a cada entidad. Cada una sigue siendo responsable de su tratamiento, y el DPO tiene que ser fácilmente accesible para todas, como exige el artículo 37.2 y extiende el WP 243 (apartado 2.3) a los organismos que comparten DPO.
¿Quién puede ser DPO de una administración?
El artículo 37.5 pide designarlo por sus cualidades profesionales, y en particular por sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en protección de datos y su capacidad para cumplir las funciones del artículo 39. El artículo 35 de la ley orgánica añade que esos requisitos pueden demostrarse, entre otros medios, con mecanismos voluntarios de certificación que tengan en cuenta una titulación universitaria con conocimientos en la materia. No hay un título obligatorio.
Las directrices WP 243 añaden una exigencia propia del sector público: el DPO debe conocer bien las normas y los procedimientos administrativos de la organización.
El artículo 37.6 permite que sea personal de la entidad o que desempeñe sus funciones en el marco de un contrato de servicios. Para elegir entre las dos opciones hay una comparativa más detallada en DPO interno o externo.
Independencia y conflicto de intereses
El artículo 38.3 del Reglamento impone tres garantías: el DPO no recibe instrucciones sobre cómo desempeñar sus funciones, no puede ser destituido ni sancionado por ejercerlas y rinde cuentas directamente al más alto nivel jerárquico. El artículo 36.2 de la ley orgánica precisa que, si es una persona de la plantilla, solo puede ser removido o sancionado por dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.
Puede tener otras funciones, pero el artículo 38.6 exige que no generen conflicto de intereses. Las directrices WP 243 ponen ejemplos de puestos incompatibles: los de alta dirección y, según el caso, los de responsable de recursos humanos o de informática. En una administración pequeña, donde la misma persona suele hacerlo todo, este punto es delicado al nombrar a alguien «porque ya lleva los sistemas».
Funciones del DPO en el sector público
Son las del artículo 39, iguales que en el sector privado:
- Informar y asesorar al responsable, al encargado y al personal que trata datos sobre sus obligaciones.
- Supervisar el cumplimiento, incluidas la asignación de responsabilidades, la formación del personal y las auditorías.
- Asesorar sobre la evaluación de impacto y supervisar su aplicación.
- Cooperar con la autoridad de control y actuar como su punto de contacto.
Además, el artículo 36 de la ley orgánica lo configura como interlocutor ante la AEPD y las autoridades autonómicas, le da acceso a los datos y a los tratamientos sin que se le pueda oponer un deber de confidencialidad o secreto y le obliga a documentar y comunicar a la dirección cualquier vulneración relevante que aprecie.
¿Qué hay que hacer después de nombrarlo?
Dos cosas: publicar los datos de contacto (artículo 37.7, sin plazo) y comunicar el nombramiento en diez días (artículo 34.3). Los datos de contacto también se comunican a la autoridad de control (artículo 37.7 del Reglamento). En España, la ley orgánica fija el plazo de diez días para comunicar a la AEPD, o a la autoridad autonómica que corresponda, los nombramientos y los ceses. El procedimiento paso a paso está en la guía sobre cómo designar al DPO y comunicarlo a la AEPD.
¿Qué pasa si una administración incumple?
Las infracciones de los organismos del artículo 77 no acaban en multa. La autoridad de protección de datos dicta una resolución que declara la infracción y establece las medidas para corregirla, y la notifica a la entidad, al órgano del que depende y a los afectados. Además, propone iniciar actuaciones disciplinarias cuando hay indicios, y si la infracción es imputable a autoridades y directivos y existían informes técnicos o recomendaciones que no se atendieron, la resolución incluye una amonestación con la denominación del cargo responsable, que se publica en el BOE o en el boletín autonómico; la AEPD publica además estas resoluciones con la identidad de la entidad (artículo 77.3 y 77.6). Las excepciones y el resto del procedimiento están en el propio texto de la ley.
Preguntas frecuentes
¿Tiene que tener DPO un ayuntamiento pequeño?
Sí. El artículo 37.1.a) del Reglamento no distingue por tamaño ni por volumen de datos. Un ayuntamiento es una autoridad pública y debe designarlo, aunque puede compartirlo con otros organismos según el artículo 37.3, por ejemplo a través de una mancomunidad o una diputación.
¿Los tribunales necesitan DPO?
No cuando actúan en ejercicio de su función judicial: es la excepción literal del artículo 37.1.a). Los tratamientos de otro tipo, como la gestión de personal o la administración de los juzgados, no entran en esa excepción y se analizan por separado.
¿Puede ser DPO el secretario o el responsable de informática de la entidad?
Solo si no genera conflicto de intereses (artículo 38.6). Las directrices WP 243 señalan como incompatibles los puestos que deciden los fines y medios del tratamiento, como la alta dirección, y citan también, según el caso, a los responsables de recursos humanos o de informática. Hay que valorarlo caso por caso y dejar por escrito por qué no hay conflicto.
¿Se puede contratar un DPO externo en el sector público?
El Reglamento lo permite: el DPO puede actuar en el marco de un contrato de servicios (artículo 37.6). La forma de contratarlo se rige por la normativa de contratación pública que aplique a la entidad, que conviene consultar con su asesoría jurídica antes de iniciar el expediente.
¿Hay que comunicar el DPO de una administración a la AEPD?
Sí. Los nombramientos y los ceses se comunican en diez días a la AEPD o a la autoridad autonómica competente (artículo 34.3 de la ley orgánica), y los datos de contacto se publican (artículo 37.7 del Reglamento).
¿Una empresa privada que gestiona un servicio público está obligada a tener DPO?
El artículo 37.1.a) se refiere a autoridades y organismos públicos. Para las entidades privadas que ejercen una función pública, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 recomienda designarlo como buena práctica, sin que sea una obligación por esa vía. Puede serlo igualmente por los otros supuestos del artículo 37 o por el artículo 34 de la ley orgánica.
Si necesitas un DPO externo
Esta guía es informativa. Si tu entidad o tu empresa necesita un delegado de protección de datos externo, el servicio está descrito en la página de DPO externo, con las funciones que incluye. Si quieres comentar tu caso, reserva una videollamada. El tratamiento de datos en cámaras y sistemas de IA de los ayuntamientos se explica aparte en la guía sobre videovigilancia con IA y criterios de la AEPD.
Fuentes oficiales
- Reglamento (UE) 2016/679, artículos 37, 38 y 39 (EUR-Lex)
- Ley Orgánica 3/2018, artículos 34 a 37 y 77 (BOE)
- Grupo de Trabajo del Artículo 29, Directrices sobre los delegados de protección de datos (WP 243), adoptadas el 13 de diciembre de 2016
Fuentes consultadas el 20 de noviembre de 2026.
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